A proposito de una sentencia [Jaume Castello]

Jaume Castelló i Granell

STSJCV 458/2012 de 21 de mayo, sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo sobre el recurso de apelación 396/2010, interpuesto contra la Sentencia 102/2010 de 4 de marzo, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Alicante/Alacant en el Proceso Abreviado 345/2008.

HECHOS: (¿Probados?, la prueba es de indicios.)

  1.  Administración de un antitérmico vía endovenosa, sin estar prescrito (jurídicamente sin la preceptiva prescripción facultativa), la enfermera se encuentra solaen el servicio de urgencias y no localiza al médico, (una llamada a su móvil, al quedar registrada hubiera sido prueba suficiente de que intentó contactar con él), aun así se le aplica el artículo 59 del ESTATUTO DE PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Aprobado por Orden 26 Abril de 1973 (Se le aplica un Estatuto preconstitucional, cuando la profesión de enfermería no era aún universitaria y realmente entonces la profesión era en verdad y pese a que nos duela “auxiliar del médico”) el cual aunque fue derogado por el actual Estatuto Marco tiene partes en vigor, de entre ellas las funciones del enfermero en sus diferentes facetas de instituciones abiertas, cerradas y pueblos (más antiguo imposible, todavía distingue este Estatuto entre enfermeras y practicantes).

 

Artículo.- 59 Las funciones a desarrollar por las Enfermeras y Ayudantes

Técnicos Sanitarios en las Instituciones cerradas serán:

1.- Ejercer las funciones de auxiliar del Médico, cumplimentando las

instrucciones que por escrito o verbalmente reciban de aquél.

2.- Cumplimentar la terapéutica prescrita por los facultativos encargados de la

asistencia, así como aplicar la medicación correspondiente.

 

Y el artículo 72,2 f del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Ley 55/2003  de 16 de diciembre: Son faltas muy graves. El notorio incumplimiento de sus funciones o de las normas reguladoras del funcionamiento de los servicios.

 

  1. Aunque la enfermera lo niega, se la acusa de suministrar suero fisiológico con 10 mEq de Cl K a una paciente con hiperkaliemia y fracaso renal agudo, (¿en base a que prueba?, puesto que la enfermera estaba sola, el Tribunal afirma que ha sido ella) la paciente fue trasladada a otro hospital para diálisis (por su hiperkaliemia no por los 10 mEq de Cl K, puesto que si fuera por la dosis de K, hay métodos para bajarla, entre otros con insulina i glucosa).

 Tanto el antitérmico, que posteriormente el médico firmó a posteriori como el Cl K que la enfermera niega haber suministrado no estaban prescritos.

 

Un Protocolo hubiera eximido de responsabilidad a la enfermera.

 

No ha habido ninguna queja por parte de ningún paciente, no se activa la tutela judicial ni en vía civil ni en la penal, de activarse no hubiera prosperado la demanda o querella, puesto que al paciente que se le administra el antitérmico, no se le produce ningún mal y el médico firmó la orden a posteriori, que es como se actúa normalmente en servicios de urgencias, respecto a la paciente que se le administran los 10 mEq de Cl K y que fue trasladada a otro hospital para realizar diálisis, dos cosas a considerar: 1. Si se traslada es porque el hospital de origen o no tiene servicio de diálisis, o no tiene una unidad libre o hay un convenio con un club de diálisis, por lo que el traslado es jurídicamente intranscendente. 2. Ningún perito médico sostendría la afirmación que la diálisis fue debido a la dosis  de Cl K, puesto que la paciente de base ya estaba en fracaso renal e hiperkaliemia.

 

El origen y causa de esta sanción es la jurisdicción Contencioso-Administrativa, que es a la que deben acudir los trabajadores públicos, así como a la Social (antigua Laboral) deben acudir el resto de trabajadores por cuenta ajena. Es la Administración la que inicia de oficio un expediente sancionador contra la enfermera por “notorio incumplimiento…….”, el resultado final es una Sentencia firme e inapelable, cuatro años después de haber ocurrido los hechos, y cuatro años de suspensión de empleo y sueldo, la imposibilidad de trabajar en esos cuatro años para cualquier administración pública y el pago de las costas judiciales.

 

Si los profesionales de la salud debemos de protegernos de las posibles demandas o querellas de los pacientes, sin que para ello hagamos una sanidad a la defensiva, a partir de ahora debemos estar más alerta de los gestores, y tener en cuenta los Estatutos al caso.

 

La prueba de indicios debe ponderarse para no producir indefensión, y en este caso a mi juicio la hay, deberían hacer algo al respecto los colegios, y los colegiados exigir de ellos una nueva definición de las funciones de la enfermería, pero dejarse de florituras e ir al derecho objetivo que es el que realmente cuenta.